Por cuanto refieren los medios de comunicación húngaros, se trata de personas como György Budaházy y al menos otros 9 compañeros.
(ZENIT Noticias / Budapest, 02.04.2023).- En víspera de la llegada del Papa a la capital húngara, la presidenta del país, Katalin Novák hizo un anuncio que tras concluir la visita del Papa ha cobrado más notoriedad: el indulto de algunos prisioneros.
Mediante un comunicado en la web institucional de la presidenta se lee:
«La semana de la visita papal es una ocasión especial para que el jefe de Estado ejerza su poder de indulto. Por ello, el presidente de la República decidió dictar un amplio indulto en esta ocasión. Entre otros, el presidente de la República indultó a los condenados en la causa conocida como juicio Hunnia, en cuyo caso decidió suspender la prisión».
Por cuanto refieren los medios de comunicación húngaros, se trata de personas como György Budaházy y al menos otros 9 compañeros. El diario Blikk precisó: «El indulto afecta a Budahazy, condenado en marzo a seis años de prisión por el Tribunal de Apelación de Budapest, y a otros nueve miembros de su grupo terrorista de extrema derecha Hunnia. Entre 2007 y 2009, el grupo fue responsable de numerosos incendios provocados y ataques con explosivos contra viviendas de políticos liberales y de izquierdas, así como de la paliza a un productor de televisión. Según los cargos, el grupo Hunnia también había planeado un asesinato y un atentado contra bares frecuentados por homosexuales».
La española Antonia Turbay estuvo desaparecida durante cuatro días luego de ser “secuestrada” por la policía política de Maduro. A pesar de contar con una boleta de excarcelación esperó más de un año para salir en libertad. “De algo nos va a servir a todos esto”, le dijo a su hija al ser indultada
«Sí, es demasiado fuerte hija, pero yo te aseguro que de algo nos va a servir a todos esto. Te amo. Nunca he dejado de creer en Dios, nunca he dejado de orar, nunca he dejado de pensar y nunca he dejado de rezar. Y siempre con mi cruz a cuesta», expresó a su hija residenciada en Colombia, la abogada Antonia Turbay, de 67 años, al salir de una cárcel venezolana, luego del indulto recibido en la medianoche de este 31 de agosto.
La emocionada mujer describiría posteriormente a los periodistas, parte de la injusta acusación que la mantuvo durante más de un año en prisión, convertida en una de las presas políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Antonia ya estaba en las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sabin, en El Helicoide, Caracas.
“Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo, porque a lo mejor sí fui a protestar contra Maduro porque algo no me gustó, pero que haya estado injustamente, por algo en lo que no tenía nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis”, explicaba entre sollozos sobre la falsa acusación de complicidad que le atribuyeron en el escape del comisario Iván Simonovis.
“Sí, es mi vecino y lo aprecio, y cuando él estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían su papá”, reconoció. “Pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia”, indicó ratificando que su prisión fue injusta.
La doctora Turbay forma parte del grupo de 110 ciudadanos a quienes alcanzó el indulto decretado por el presidente Maduro, el mandatario a quien buena parte de la población, organismos multilaterales y más de treinta países consideran “ilegítimo”.
Acusada de ayudar a escapar a Simonovis
Turbay fue detenida la tarde del 26 de junio de 2019, cuando se dirigía a su residencia en la urbanización La Florida, en Caracas. Sus vecinos describieron que de una camioneta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), bajaron varios hombres vestidos de negro y portando armas de diferentes calibres. Intercambiaron pocas palabras con ella que entonces tenía 66 años de edad. Se la llevaron detenida.
Durante cuatro días no se tuvo información acerca del paradero de la abogada Antonia. Estaba literalmente “desaparecida” en un país donde el gobierno persigue, hostiga, captura, aprisiona, maltrata y asesina a sus ciudadanos. Casos hay cientos, desde los jóvenes que murieron en las protestas del año 2012 hasta las muertes en prisión del concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, entre otros.
La desaparición que le aplicaron a la abogada es un mecanismo muy usado por los cuerpos policiales de Venezuela para castigar a quienes presuntamente cometen delitos, independientemente si son de naturaleza común o política. Aunque los familiares y amigos mueven cielo y tierra buscando al “desaparecido”, casi nunca lo hallan sino hasta que las torturas físicas o psicológicas disminuyen en el cuerpo.
En el caso de Antonia no se cuenta con información de si fue o no, víctima de maltratos físicos o sicológicos por parte de sus captores. Las dudas siempre estarán latentes, pero sus lágrimas no dejaron de hablar del indigno cautiverio, la noche del 31 de agosto.
¿De qué acusaron a la abogada Antonia Turbay?
El 30 de junio de 2019, Antonia Turbay fue presentada en un tribunal, y desde entonces, oficialmente, fue considerada presa política del gobierno de Nicolás Maduro. Se le acusó de estar involucrada en la fuga del comisario Iván Simonovis, quien la noche del 16 de mayo de ese año, escapó de su residencia donde se encontraba detenido cumpliendo parte de la sentencia de 30 años. Ya tenía 15 años y lo llevaron a su casa por enfermedad.
De acuerdo con los datos aportados por el Foro Penal Venezolano, la prueba principal fue que aparecía en una foto en la que se observaba un poste de luz caído y daba hacia la vivienda de Simonovis. Por una de las ventanas de esa vivienda, el afamado comisario venezolano, protagonizó uno de los últimos escapes extraordinarios de un régimen privativo de la libertad. Detalles del escape los narra Simonovis en YouTube.
Los tribunales ordenaron mantener reducida en prisión a Turbay, mientras se cumplían los requisitos de la “libertad bajo fianza”, informó en su momento Alfredo Romero, director del FPV. La fianza fue pagada y contaba con una boleta de excarcelación. Sin embargo, el Sebin nunca la liberó. La libertad de Antonia llegaría un año y casi tres meses después, con el “Decreto de Indulto” leído por un funcionario del gobierno de Maduro.
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El verdadero perdón político es para el que tiene causa abierta
La noche del 31 de agosto, su rostro fue uno de los más conmovedores. La abogada especialista en Derecho Familiar y egresada de la Universidad Santa María de Caracas, apareció en el portón del Sebin, con sus lentes y un tapaboca. En cada intercambio con los medios de comunicación, apenas podía contener el llanto.
“El verdadero perdón político es el que tiene una causa abierta y no yo que tengo una boleta de excarcelación”, ratificó, reconociendo el acompañamiento de sus vecinos que nunca la abandonaron en este trance que le tocó vivir. Con ellos y con su fe en Dios intacta regresó a casa, donde jamás dejará de recordar ese triste episodio de su vida.
El cardenal Porras aspira que “los sufrimientos vividos no dejen heridas sino la voluntad de trabajar por la paz y el bienestar de todos los venezolanos”, escribió después del decreto de Maduro en el que otorga “indulto” a 110 opositores en Venezuela
“Los persiguen, los secuestran, los meten a la cárcel, los torturan, otros tienen que exiliarse, y ahora ¿indultados? No, por favor, a eso se le llama ‘liberación de rehenes’”.
Así se expresó monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar (Venezuela), ante los anuncios del gobierno de Nicolás Maduro Moros, que este lunes 31 de agosto, dio a conocer un “decreto presidencial de indulto” favoreciendo a 110 líderes políticos opositores presos o exiliados, a diputados con inmunidad allanada, además de periodistas y otros luchadores sociales detenidos o acusados de cometer presuntos delitos.
El anuncio llegó después de las 12 del mediodía, cuando Jorge Rodríguez, ministro de comunicaciones, leyó el decreto que, según dijo, tiene por objetivo “promover la convivencia pacífica, la resolución de las controversias por vías constitucionales, electorales y pacíficas, las más amplias libertades que consagran las prácticas democráticas, la reconciliación nacional y la búsqueda incesante de la paz ciudadana”.
“Los asuntos de Venezuela los resolvemos los venezolanos y que se resuelvan por las vías pacíficas, electorales y democráticas”, indicó Rodríguez a los periodistas al finalizar la lectura del decreto. “Todo evento electoral es un intercambio, un diálogo entre los potenciales elegidos. Somos los venezolanos quienes decidimos a quienes elegimos o no elegimos”, dijo acerca de las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre.
Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente
La medida, sin embargo, aunque conlleva la libertad de los presos políticos mencionados en el decreto y la posibilidad de que puedan participar en las elecciones parlamentarias, encontró posturas a favor y en contra, entre los propios “beneficiarios”. Con el argumento de que Maduro no es presidente legítimo, y por tanto carece de la potestad de conceder indultos, expresaron el rechazo a la medida en las redes sociales y otros medios.
“Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente”, publicó en su cuenta de Twitter Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional, quien salió desterrado hacia Italia el 1 de diciembre de 2019 junto a la diputada Mariela Magallanes (mencionada en la lista de indultos), acusados de estar involucrados en el alzamiento militar del 30 de abril de 2019. “Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle”, agregó De Grazia.
Otro que recibió el indulto es el diputado Richard Blanco. Desde el exilio en Argentina, consideró: “Se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno”, publicó en Twitter. “Mi vida la he entregado siempre al servicio y trabajo por el bien de Venezuela. Lo único que deseo es la libertad plena de mi patria. Eso se logra con el cese de la usurpación”, tuiteó Blanco, encontrando apoyo de los usuarios de la red social.
Igualmente, entre los críticos de la medida, están los que cuestionan la legalidad de la misma, como la abogada Tamara Suju, directora de Casla Institute, quien rechazó el “show ilegal”, porque se estaría “indultando a quienes no tienen sentencia”. Tamara dijo: “Maduro es un usurpador del cargo, no es presidente constitucional, por lo tanto, no puede indultar a nadie”, tras considerar la medida como una “trampa caza bobos”.
Para la activista de los derechos humanos que lleva varios procesos judiciales en contra del gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional, este decreto busca una fiesta electoral para “ver quién se la compra”. Sostiene que no se puede condonar una deuda a quienes no han sido juzgados y el indulto es ilegal. “Esto no existe en el Derecho Penal. ¿Los perdona? ¿Cuáles delitos cometieron, Nicolás? Si son perseguidos políticos”, dijo.
La libertad es un derecho inalienable
Otras voces ven la medida como una oportunidad no solo de tener a buena parte de los presos políticos liberados y en la calle, sino también para que muchos dirigentes políticos puedan regresar al país. Un aspecto que no deja de estar presente en los análisis es la posibilidad de hallar en esta medida una franja para encontrar la reconciliación entre los venezolanos, confrontados desde la llegada al poder del socialismo del Siglo XXI.
El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, en esta fecha del indulto promulgado por Maduro, dejó ver una vez más, su pensamiento en las redes sociales. “La libertad es un derecho inalienable. Que los sufrimientos vividos no dejen heridas sino la voluntad de trabajar por La Paz y el bienestar de todos los venezolanos. José Gregorio los bendiga.”, publicó Porras en su cuenta personal en la red del pajarito “Larry”.
Cabe recordar que Nicolás Maduro Moros fue “reelecto” para el cargo de presidente en las cuestionadas elecciones del 20 de mayo 2018. Entre quienes consideraron “ilegitimo” el proceso eleccionario se encuentran la Conferencia Episcopal Venezolana, la Asamblea Nacional y varios organismos multilaterales, al provenir la convocatoria desde la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo nombrado por Maduro en el año 2017.
Agradecen al Santo Cristo de La Grita. Al cierre de esta nota (11:00 PM – Hora de Venezuela), no se había concretado la libertad de los presos políticos a quienes alcanza la medida presidencial, según informó el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal desde las afueras de la cárcel de Ramos Verde. Así mismo, de acuerdo con NTN24 Venezuela, entre los primeros liberados estuvieron los diputados Renzo Prieto y Gilber Caro. Prieto agradeció al Santo Cristo de La Grita por su liberación.
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