"Se prohíbe el acceso de los menores a contenidos de carácter pornográfico, en cuanto mina el respeto a su dignidad y compromete su bienestar físico y mental, constituyendo un problema de salud pública": así reza el artículo 13.1 de la ley de 13 de noviembre publicada al día siguiente en la Gaceta Oficial del Estado italiano. Queda así convertido en ley, con algunas modificaciones introducidas por el Senado, el decreto-ley del 15 de septiembre con el que la primer ministro Giorgia Meloni adoptó una serie de "medidas urgentes contra el malestar juvenil, la pobreza educativa y la criminalidad de los menores, y también para la seguridad de los menores el ámbito digital".
Dicho decreto fue denominado oficiosamente como "decreto Caivano" porque responde a la alarma social generada en Italia tras la violación colectiva y salvaje de dos niñas de 13 años en julio por parte de seis adolescentes (solo uno mayor de edad), en dicha localidad de la Campania napolitana. La delincuencia juvenil se ha disparado en Italia, en particular por delitos sexuales, al mismo tiempo y ritmo que las cifras de consumo de pornografía a través de la telefonía móvil.
De ahí que la nueva ley obligue a los responsables de sitios web y a los proveedores de plataformas de vídeo a verificar si los usuarios son o no son mayores de edad "para evitar el acceso a contenidos pornográficos de los menores de 18 años". Tienen sesenta días desde la entrada en vigor de la ley para "garantizar un nivel de seguridad proporcional al riesgo". En caso contrario, y según los procedimientos ya establecidos por la legislación italiana, "se procederá a bloquear el sitio y la plataforma".
Tras los sucesos de Caivano, Giorgia Meloni visitó la ciudad y se entrevistó con el sacerdote Maurizio Patriciello, un referente de la lucha moral y social contra la Camorra.
El Estado "ha estado mirando para otro lado" demasiado tiempo ante los problemas de inseguridad y delincuencia juvenil, lamentó Meloni en una rueda de prensa en septiembre, tras la adopción de estas y otras medidas por el Consejo de Ministros.
"Cuando la ministra Eugenia Roccella [de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades] dijo la edad en la que se calcula hoy el primer acceso a sitios pornográficos, a los 6 o 7 años, vi la cara espantada de algunas madres, más o menos la cara que se me quedó a mí cuando descubrí este dato", dijo Meloni al presentar su plan de lucha contra esa lacra, responsable en buena medida de la delincuencia sexual.
Las medidas adoptadas incluyen un incremento de penas por posesión de armas o drogas, el reforzamiento del control de la escolarización, la responsabilización de los padres de las acciones de sus hijos, los apercibimientos a menores con sanciones como la prohibición del uso de teléfonos móviles hasta por dos años, la creación de guarderías públicas y el establecimiento de planes de formación y asistencia psicológica a los menores.
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