Sorpresivamente la Fiscalía General condenó las decisiones del TSJ, “porque constituye una ruptura del orden constitucional”
“Sin duda alguna, los retos de nuestra Venezuela de hoy nos plantea son muchísimos e inmensos: tenemos el problema político de un Gobierno Nacional que pretende tener poder absoluto y copar todos los espacios, eliminando las actividades y actuaciones de quienes no se someten a sus designios, e inclusive encarcelándolos”.
Así lo denunció el cardenal Jorge Urosa Savino, durante el VII Congreso Nacional de Laicos de Venezuela, que desde el 30 de marzo y hasta el 1 de abril, se cumple en la UCAB, denominado: “Protagonismo del Laico en la Realidad Venezolana”.
Durante el encuentro, el arzobispo de Caracas expresó que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, “quiere ahora algo gravísimo”: “neutralizar y penalizar a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los legítimos representantes del pueblo en la Asamblea Nacional (AN)”. Pero además, el Gobierno pretende “algo peor todavía”, añadió Urosa: “suprimir las facultades constitucionales del Parlamento Venezolano”.
Aunque el purpurado caraqueño no ahondó sobre la decisión tomada por el TSJ el 27 de marzo, asumiendo facultades y atribuciones de exclusiva competencia de la AN; no obstante, llamó al laicado “a ser sal de la tierra y luz del mundo, de manera que al ver sus obras los demás puedan dar gloria al Padre celestial” en diversas áreas.
“Tenemos también el reto económico que plantea un sistema totalitario y estatista que ha arruinado al país”, dijo el cardenal Urosa. Describió que a los venezolanos los agobia “la delincuencia y su consecuencia inmediata, la inseguridad personal y patrimonial, con el rio de sangre que corre todas las semanas en nuestras ciudades”.
Señaló que “se trata del problema social de las carencias de muchísimos hermanos nuestros que no tienen lo suficiente para comer, y que están sufriendo desnutrición y hambre”; así como “la falta de medicamentos y el deterioro de los hospitales”.
Sorpresivo rechazo de la Fiscalía
Si algo ha llamado la atención en el marco de esta histórica decisión del TSJ que asume las atribuciones de la Asamblea Nacional y le otorga poderes extras el presidente Maduro, ha sido el rechazo al golpe de Estado, que este viernes 31 de marzo, hizo público la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tenida como “roja rojita”.
“Considero un deber histórico ineludible referirme a las decisiones signadas con los números 155 y 156 de la sala constitucional del TSJ (…) se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo Ortega Díaz.
Durante la presentación de balance de gestión 2016, la integrante del Poder Moral hizo un llamado “a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que respetando la carta magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad”.
Periodistas agredidos y robados
En esta fecha se generaron protestas encabezadas por estudiantes opositores que intentaron ingresar a la sede del TSJ en Caracas, siendo repelidos por la Guardia Nacional Bolivariana sufriendo la detención de algunos de ellos, y cuyas cifras exactas todavía se desconocen. Así también, los periodistas fueron atacados y sus equipos dañados y robados por parte de los funcionarios militares que estuvieron acompañados de los “colectivos violentos” seguidores de Nicolás Maduro.
Finalmente, varios diputados integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática convocaron a concentrarse el sábado 1 de abril, desde las 9 de la mañana, en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, “para rechazar la decisión del TSJ”, según dijeron.
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