El más reciente informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) detalla que se registraron denuncias contra 12 organismos de seguridad y una contra agrupaciones paramilitares; de estos se desglosan ocho organismos de ámbito nacional, siendo responsables por 83,50% de los casos (810).
El cuerpo de seguridad que lidera las acusaciones fue el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio para Asuntos Penitenciarios (MPPAP). Paradójicamente, creado “para proveer seguridad en recintos carcelarios”. Estuvo involucrado en 288 denuncias (29,69%) por trato cruel contra igual número de mujeres recluidas en la Cárcel de Uribana.
Le siguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con un total de 201 casos (20,72%), mientras que en tercer lugar se ubicó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con 25 denuncias en su contra (2,57%).
En 134 muertes ocurridas en el período como consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes “la autoría es directamente responsabilidad de las altas autoridades del Estado venezolano”, asegura Provea. Detalla el reporte que se trata de privados de libertad que murieron en comisarías debido al “hambre y enfermedades”.
Se trata del segundo peor registro en dos décadas, tras los 1.394 denuncias entre octubre 2005 y septiembre 2006, de acuerdo con la data del ente.
Muertes por desnutrición
Atestados y en condiciones infrahumanas, reina la violencia en los quinientos “centros de detención preventiva” que tiene Venezuela. Aunque el Código Penal establece que los acusados no deben pasar más de 48 horas en ellos, la realidad es que funcionan como pequeñas prisiones.
En 2018 se contabilizaron 305 decesos en 174 de esos centros temporales vigilados por la ONG defensora de los derechos humanos, Una Ventana a la Libertad. El reporte detalla que 117 personas fallecieron a consecuencia de tuberculosis y 17 por desnutrición.
Las denuncias de Provea, Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de la Violencia acusan a la administración de Nicolás Maduro por el aumento exponencial en las muertes ocurridas en estos lugares y en las cárceles criollas.
Condiciones de hacinamiento y desnutrición; así como tratos crueles, inhumanos y degradantes serían las razones principales de las muertes de la población reclusa. La cual, además, por orden oficial, no tiene acceso a los representantes de la Iglesia Católica, aún cuando su atención pastoral es obligación moral y lo permite el ordenamiento jurídico nacional.
Hacinamiento carcelario
De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, las muertes ocurren principalmente “debido a motines generados por hambre, y al hacinamiento que supera 270% con una sobrepoblación de más de 8000 personas”.
Si bien el artículo 272 de la Constitución señala que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”, en la práctica los recintos son “verdaderos infiernos”.
Según Carlos Nieto Palma, los centros de detención preventiva se convirtieron en cárceles “desde que se creó el Ministerio del Sistema Penitenciario en 2011”; y la ministra Iris Varela “publicó una circular el 3 de agosto de ese año que prohíbe nuevos ingresos a las cárceles sin su autorización”.
Se trata de la misma funcionaria que admitió públicamente en 2019 que al obispo del Táchira, monseñor Mario Moronta, se le prohibió el acceso a los presos por una orden suya, argumentada en razones políticas. No obstante, las prohibiciones no apuntan a un prelado sino a la totalidad de los sacerdotes de la Iglesia Católica, como ha documentado ampliamente Aleteia.
Denuncia Nieto en Crónica Uno que existe una “sobrepoblación en los centros de detención preventiva de más de 8000 personas. De acuerdo con investigaciones que realizó Una Ventana a la Libertad en 93 centros que debían albergar un total de 5.900 personas, encontraron 14.525”.
CIDH constata “altísimos niveles de violencia”
Los hechos llevaron a pronunciarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, que en redes sociales manifestó “su especial preocupación por los altísimos niveles de violencia en cárceles en Venezuela” y exigió la aplicación de “medidas inmediatas que garanticen la vida” de los detenidos.
Los motines sangrientos y los hechos de violencia no son inusuales en la nación sudamericana, a pesar del silencio oficial. En el último lustro abundan los registros de reyertas, algunos muy mediáticos como el de marzo de 2018, cuando las llamas apagaron las vidas de 68 detenidos que se encontraban en los calabozos policiales de la ciudad industrial de Valencia.
Menos de un año antes, en agosto de 2017, un motin culminó con el saldo rojo de 37 reclusos fallecidos en un centro de “detención provisional” en Amazonas, lo que ubica en casi medio millar el número de muertos en cárceles venezolanas desde el año 2011, de acuerdo con los reportes de organizaciones de derechos humano
Población infantil diezmada
Sin embargo, en Venezuela la violencia no está sólo en las cárceles y apunta por igual a la población infantil. Únicamente en el año 2018, un total de 1.484 niños fueron asesinados, según el informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), el cual muestra una radiografía de la dramática situación que enfrentan los jóvenes en su intento por sobrevivir.
En el país, que sufre la peor crisis humanitaria de su historia, mueren de forma violenta 81,4 personas por cada 100.000 habitantes, totalizando 23.034 decesos tan solo en 2018, lo cual ubica a la nación en el deshonroso liderazgo mundial en cuanto a “muertes violentas”.
Preocupa además que de ese número de asesinados, casi 1.500 fueron niños, niñas y adolescentes. La cifra se divide en 174 niños muertos y 1.310 adolescentes asesinados; es decir, “unas cuatro personas por día”, según el Observatorio.
El reporte advierte que dos de cada diez asesinatos de muchachos ocurrieron por “resistencia a la autoridad”, pues detalla que 287 (19%) fueron por resistencia policial, duplicando la cifra del año 2017, cuando se contabilizaron 108 decesos.
Carlos Zapata/Aleteia Venezuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario