Un fuerte testimonio que resonará con fuerza determinante
sobre los factores internacionales
©UNICEF/ECU/2018/Arcos (CC BY 2.0)
El Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile Michele Bachellet presenta, en 83 artículos, la gravísima situación política, social y económica por la cual atraviesa Venezuela.
Gran impacto causó en el país y el mundo esta presentación en Naciones Unidas. Muchos pensaron que la Alta Comisionada habría venido, de manera manifiesta o encubierta, a reforzar al régimen habida cuenta de su militancia socialista.
Pero la realidad a la que tuvo acceso durante su reciente visita al país y el contacto con las víctimas y sus familiares que le permitió constatar in situ el intenso dramatismo de la situación, se impuso. Lo que denunció en Naciones Unidas es plomo en el ala para un gobierno exhausto que ya vuela bajo, con el sol a las espaldas.
El texto del informe no deja lugar a dudas. No hubo detalle omitido. Un fuerte testimonio que resonará con impacto determinante sobre los factores internacionales que pueden y deben contribuir para asegurar el rescate de las libertades y la vuelta de Venezuela a la democracia.
Comienza la Alta Comisionada:
“Este informe se centra en la situación de los derechos humanos en Venezuela desde 2018, analizando también desarrollos pertinentes que tuvieron lugar con anterioridad. Destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El informe incluye un enfoque de género, poniendo de relieve las experiencias específicas de las mujeres y las niñas”.
En los siguientes 10 puntos se resume la substancia del informe
1. Derecho a la Alimentación
ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente.
2. Derecho a la salud
La situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Las familias de los/as pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad, entre otros, agua, guantes y jeringuillas. Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas. La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales.
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3. Las sanciones no son la causa de las privaciones que sufre el pueblo
La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos funcionarios de Gobierno, o embargos de armas…No obstante, Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela.
4. Sobre las violaciones a los derechos civiles y políticos
Libertad de opinión y expresión: En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. En los años recientes, el Gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales.
5. ACNUD constata represión selectiva y persecución por motivos políticos
Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional . Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno.
El 13 de mayo de 2016, el Presidente de la República declaró el “estado de excepción”, que desde entonces ha sido renovado cada 60 días . El decreto otorga amplias facultades, vagas y discrecionales, al poder Ejecutivo. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.
6. El ACNUDH pudo documentar información detallada
135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones. En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal.
El ACNUDH también encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos. Ninguna de las víctimas entrevistadas que fueron liberadas ha sido indemnizada por la violación de sus derechos por haber sido detenidas arbitrariamente. En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
Las mujeres suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Dan seguimiento a las actuaciones e investigaciones penales, y participan en ellas, a menudo en un entorno hostil. Manifestaron haber sido amenazadas, maltratadas e insultadas por funcionarios/as públicos y judiciales.
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7. El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar
Tampoco lleva a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.
El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas.
8. El drama de la migración
Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración. l número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019 . Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
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9. Abusos contra los indígenas
Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los/as pemones que se oponen al Gobierno. Igualmente, registran el ecocidio que se perpetra contra el ambiente y los recursos naturales en la zona conocida como Arco Minero en Guayana.
10. Las exigencias y recomendaciones
Llamamiento al gobierno venezolano para que, de manera inmediata, adopte medidas para garantizar el acceso al alimento y a la salud; cese la represión, tortura y ejecuciones extrajudiciales; ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad; lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia; disuelva las FAES y garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as.
A grandes rasgos, estos puntos resaltan en el informe presentado por Michele Bachelet ante la ONU. Ha dejado perplejos a quienes constantemente recordaban su pasado extremista de izquierda y a quienes apostaban porque significaría un espaldarazo al gobierno. Imaginaban el informe plagado de inconsistencias e imprecisiones. Pero ha sido todo lo contrario, al punto de que la airada reacción del régimen no se ha hecho esperar: el rechazo al lapidario informe de Bachelet fue tajante. Maduro tildó de «cínicas» las acusaciones sobre irrespeto a DDHH.
Y allí quedaron. ¿Qué viene ahora? Amanecerá y veremos. Informe completo seguir lectura aquí
Macky Arenas/Aleteia Venezuela
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