Fueron torturados, asesinados y enterrados en fosas comunes durante operativos creados por el Gobierno de Maduro
Le pegaban con las peinetas de los FAL (fusiles automáticos livianos) en las rodillas y en la cabeza. Le metieron corriente en sus partes íntimas, en las nalgas y en el cuello. Fue torturado. Lo amarraron por órdenes del teniente coronel José Ángel Roa Córdoba, quien daba las órdenes de como tenían que ser torturados los muchachos. Todos los militares, después que lo amarraron, uno por uno se le montaron en la cabeza”.
Así, de manera muy descriptiva, narraba Jenny Díaz, el 29 de noviembre desde la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional, la experiencia que vivió su hijo de 17 años, sobreviviente de “la masacre de Barlovento”, luego de un Operativo de Liberación del Pueblo, OLP, realizado en esta región del estado Miranda (Venezuela) el 15 de octubre.
La suerte del hijo de Jenny no fue la misma que corrieron 12 jóvenes campesinos también detenidos a partir de esa fecha, y que posteriormente aparecieron muertos en fosas comunes, víctimas de estos operativos creados por el gobierno de Nicolás Maduro, supuestamente para combatir a la delincuencia y grupos al margen de la ley.
Zulay Hernández, hermana de uno de los jóvenes asesinados, dijo que fue a la morgue y aunque su hermano Freddy “no se encontraba entre esos cuerpos”, los funcionarios le mostraron la fotografía de una dentadura que no coincidía con la de él y le pidieron “reconocer y llevarse” a quien no es su pariente. “Yo tengo que verlo que sea él”, dijo.
Comentaron que fue el 15 de octubre de 2016 cuando Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena fueron detenidos por un grupo de militares integrados a los OLP. Después de casi mes y medio de búsqueda, el desenlace llegó el viernes 25 de noviembre, cuando hallaron los cadáveres en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda.
Los diputados oficialistas intentaron defender la efectividad de los operativos contra la delincuencia, argumentando que este caso fue “un hecho aislado”; no obstante, se les veía sin ánimos para debatir porque ciertamente no era la primera vez. El proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, ante las evidencias ofrecidas por los familiares.
La historia de esta nueva tragedia
La ahora conocida como “masacre de Barlovento”, inscrita e iniciada como parte de los OLP del Gobierno de Nicolás Maduro, totaliza el asesinato de 17 jóvenes campesinos, algunos sin saber leer ni escribir, desaparecidos, torturados y abatidos sin justificación.
De acuerdo con Laura Roldán, directora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz -organización que contactó con Mary Isabel Silva, la madre de una de las victimas quien denunció por primera vez los hechos ocurridos el 15 de octubre en Barlovento– hizo seguimiento y constató que el Ministerio Público comenzó sus actuaciones en el caso.
“Ninguno de los jóvenes tenía antecedentes penales, ni relaciones con las bandas delictivas de Barlovento”, estableció la ONG.
También confirmaron que habían sido detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra “ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión”. El 27 de noviembre, el Ministerio Público informó que imputaría a 11 funcionarios del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la masacre de Barlovento.
Anuncian nuevas víctimas de los OLP
Así las cosas, este primero de diciembre, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se pronunció reconociendo que al grupo de 12 fallecidos se suman ahora 5 personas que todavía se encuentran desaparecidas, según denuncias recibidas en las últimas horas.
“En este renglón puedo destacar que hemos recibido de parte de los familiares de Yulmar José Rengifo, de 31 años de edad, detenido y desaparecido en el sector El Café el 13 de octubre; Andriz Bandres, de 37 años de edad, detenido el 12 de octubre en el sector El Café; Wilmer Enrique Serrano, de 22 años, detenido el 15 de octubre en Capaya; Jefferson Suárez, de 27 años, detenido el 13 de octubre en Caucagua; y Reivi Torres Campos, de 22 años, detenido el 18 de octubre en Caucagua”, dijo.
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