El obispo Rolando de Matagalpa al ser detenido, bienes confiscados... una escena icónica de la persecución en Nicaragua
La abogada e investigadora nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, ha presentado el IV Informe Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida? en el que enumera y cuantifica los ataques del régimen sandinista del matrimonio Ortega y Murillo contra la Iglesia Católica, y, en esta edición por primera vez, también contra las comunidades evangélicas y protestantes.
Desde 2018 el régimen ha efectuado 667 ataques a personalidades o entidades católicas y 70 contra personalidades y entidades evangélicas, que van desde el encarcelamiento, la deportación o negación de nacionalidad, hasta las amenazas con pintadas y llamadas telefónicas.
Sólo en los 8 primeros meses de 2023, el régimen ha efectuado 205 actos hostiles contra la Iglesia Católica, su personal e instalaciones.
Además, 2023 ha sido el año en que por primera vez el régimen ha prohibido sistemáticamente actos de devoción popular en las calles, impidiendo en este año 3.240 procesiones, romerías y actos devocionales. Estas prohibiciones no se escriben en documentos oficiales: son agentes de policía los que visitan a sacerdotes o telefonean a obispos y les comunican que la procesión está prohibida.
Portada del IV Informe Nicaragua Iglesia Perseguida, con datos hasta agosto de 2023.
El Papa Francisco no está callado: 11 pronunciamientos
El informe niega que el Papa Francisco esté callado respecto a la persecución en Nicaragua y recoge en una lista las 11 ocasiones en que, desde 2018, el Papa ha mencionado el tema en medios públicos.
"Se ha pronunciado públicamente en 11 ocasiones respecto a la vulneración de derechos humanos que vive el país, algunos pronunciamientos han sido sutiles y diplomáticos y en otras ocasiones como la del 10 marzo 2023 han sido contundentes", detalla el informe, enumerando entrevistas, saludos tras el Ángelus, mensaje Urbi et Orbi y otros pronunciamientos.
Un jesuita hispano-salvadoreño presenta el contexto
El informe cuenta con un prólogo escrito por el veterano sacerdote jesuita gallego, naturalizado salvadoreño, José María Tojeira, que fue durante 13 años rector de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. El régimen sandinista ha cerrado los centros jesuitas en Nicaragua y Tojeira expone el contexto de los ataques a los cristianos.
Gráfico de hostilidades del régimen de Nicaragua contra la Iglesia católica desde 2018 hasta agosto de 2023.
"La persecución a la Iglesia se desarrolla en un contexto de persecución de cualquier pensamiento crítico que hable con libertad de los problemas y las necesidades del país. Infundir miedo, silenciar voces, dejar sin trabajo o sin propiedades, espiar, maltratar a los familiares de los opositores, desaparecer personas, es parte frecuente de la represión. Encarcelar, desterrar e incluso desnacionalizar es ya parte de la estrategia. Si la represión de las protestas del año 2018 fue dura, los ataques a la Iglesia han continuado creciendo hasta convertirse el año actual, 2023, el más rudo y duro en contra de las personas y actividades de la Iglesia", escribe el sacerdote jesuita.
"En octubre de 2018 se contabilizaban más de 600 personas asesinadas, la inmensa mayoría por parte del régimen Ortega-Murillo. En esos momentos la Iglesia trató de proteger a las víctimas y mediar en la búsqueda de una solución dialogada y en búsqueda de una salida democrática al evidente conflicto social y represión gubernamental. Mientras el gobierno se sintió débil aceptó parcialmente la mediación eclesial. Pero como todas las dictaduras terminó volviéndose contra los mediadores. Eliminados vía cárcel y destierro los opositores políticos, controlado el pensamiento crítico con los mismos argumentos, quedaba la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas como la única fuerza moral institucionalizada y capaz de asentar públicamente la verdad, frente a un gobierno autoritario y represivo. La persecución a sacerdotes que mantenían una voz profética de defensa de su pueblo, el hostigamiento a los laicos y laicas que colaboraban con ellos, la expulsión del país del obispo auxiliar de Managua y del Nuncio, el encarcelamiento y la desnacionalización de monseñor Rolando Álvarez, la confiscación de la UCA acusada de terrorista marcaron el ritmo de la persecución", añade el padre Tojeira.
Gráfico que detalla el tipo de ataques del Gobierno nicaragüense contra la Iglesia Católica de 2018 a agosto de 2023.
"El libro que hoy presentamos es parte de esa verdad que el régimen Ortega-Murillo no puede destruir ni suplantar. Han destruido universidades, periódicos, ONGs de derechos humanos, pero la verdad continúa saliendo a flote", constata.
Edificios confiscados, religiosos expulsados
El estudio agrega 138 hostilidades a las 529 documentadas en la III entrega presentada en marzo de 2023 para un total de 667 agresiones en contra de la Iglesia Católica nicaragüense.
Así, por ejemplo, 13 edificios privados pertenecientes a la Iglesia Católica fueron confiscados por el Gobierno de Nicaragua y en su mayoría convertidos en instituciones públicas. La Universidad Juan Pablo II es un caso: propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua fue convertida en una universidad sandinista llamada "Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés".
En total, en Nicaragua se han confiscado veintisiete Universidades privadas, 4 de ellas pertenecientes a la Iglesia Católica de Nicaragua. El Ministerio de Gobernación (MIGOB) canceló el 18 de mayo de 2023 la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (UCICAM), bajo la figura de “disolución voluntaria”. Se han cerrado 2 institutos y quince 15 medios de comunicación incluidos radio emisoras, tv vía cable, publicaciones impresas y página de redes sociales. Siete congregaciones religiosas fueron canceladas y 11 obras sociales (incluyendo varias ramas de Cáritas) fueron prohibidas o ilegalizadas.
Los religiosos católicos perjudicados por este acoso son 151: son 83 religiosas y 68 religiosos que han tenido que dejar su misión pastoral en Nicaragua. De los 68 religiosos, 1 es nuncio, 1 obispo, 58 sacerdotes, 3 diáconos y 5 seminaristas. De ellos, 76 religiosas y 6 religiosos han sido expulsados. El 9 de febrero de 2023 fueron desterrados 8 religiosos hacia Estados Unidos. A 23 religiosos y 7 religiosas se les ha prohibido la entrada al país y 31 religiosos se han exiliado porque recibían serias amenazas y su vida corría peligro.
Las expulsiones han sido injustificadas, todas fueron arbitrarias y las autoridades en ningún momento informaron a los religiosos/as los motivos de la cancelación o revocación de la permanencia legal en el país.
Además, la dictadura sandinista despojó de su nacionalidad a 19 religiosos, de los que 2 son obispos, 14 sacerdotes, 1 diácono y 2 seminaristas. De los religiosos despojados de su nacionalidad, 17 se encuentran exiliados y dos n Nicaragua (uno encarcelado y uno recluido en una casa de formación ubicada en Managua).
El informe constata que la Conferencia Episcopal de Nicaragua "actualmente se encuentra incompleta con un obispo encarcelado y otro en el exilio, el resto de los obispos/arzobispo han permanecido en silencio y no han emitido ningún pronunciamiento, ni carta pastoral recientemente".
La represión contra otros cristianos
Respecto a las iglesias evangélicas en Nicaragua, han sido atacadas por la dictadura sandinista en 70 ocasiones desde 2018.
"La dictadura sandinista ha cerrado de manera arbitraria 23 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). En 24 ocasiones se ha asediado y reprimido a pastores evangélicos, a sus familiares y fieles. El golpe más contundente propinado por la dictadura Ortega-Murillo a la comunidad cristiana evangélica ha sido el cierre arbitrario de la Asociación Misión Cristiana Verbo que se conformaba por una red de 27 iglesias evangélicas. Veintiún pastores evangélicos han tenido que huir al exilio producto de la persecución de la dictadura Ortega-Murillo y a tres pastores se les ha negado el ingreso a Nicaragua", enumera el informe.
P. J. Ginés, ReL
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