Más de 1.000 agresiones del régimen de Ortega desde 2018; ahora se registran menos porque hay más miedo a denunciarlas
Esta joven con mascarilla de flores, con la cara tapada y mirando sobre su hombro inquieta, podría representar a la Iglesia silenciada de Nicaragua
La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina sigue documentando con sus informes el acoso a la Iglesia Católica del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Su séptimo informe abarca datos nuevos que llegan hasta julio de 2025, añadidos a los que viene recopilando desde abril de 2018.
Se trata del informe «Nicaragua: Una Iglesia Perseguida» (en la web https://iglesiaperseguidani.com), que abarca 435 páginas de documentación, testimonios y cifras.
En 2025 las cifras brutas son engañosas. ¿Solo 32 ataques documentados en este año? Martha Patricia Molina, publicando desde EEUU, advierte que no es que haya menos acoso, sino que la Iglesia ya está sometida con una vigilancia meticulosa y extrema y no puede difundir los ataques que sufre.
"Los clérigos no pueden denunciar abusos [de las autoridades contra clero o parroquianos] bajo ninguna circunstancia", explica. "Las amenazas son claras: quien hable será encarcelado o expulsado". Los sacerdotes son vigilados de cerca y sus teléfonos móviles son revisados por la policía.
Persecución desde 2018
El informe «Nicaragua: Una Iglesia Perseguida» recoge 1.010 agresiones (amenazas, secuestros, coacciones, golpes, exilios forzados...)
A tanned Caucasian female wearing a floral mask at an amusement park
Desde abril de 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega empezó su acoso cada vez más insistente contra la Iglesia, primero contra líderes católicos -laicos o clérigos- que habían apoyado a manifestantes pacíficos, después contra sacerdotes, obispos, ONGs, apostolados, instituciones... Y recientemente incluso contra las procesiones populares: el régimen ha prohibido más de 16.500 procesiones en estos años. También el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, vive bajo constante vigilancia policial.
Los feligreses tienen más miedo que nunca: les vigilan desde el ayuntamiento y agentes estatales. En 2025, además, Ortega ha puesto en marcha una red de paramilitares juramentados, dedicados a intimidar, denunciar, amedrentar. Siempre están cerca de parroquias y centros eclesiales (y mil sitios más).
El régimen recurre también a confiscaciones, cuentas bancarias congeladas, impuestos punitivos y propaganda insistente. El Estado dice a parroquias, escuelas y congregaciones lo que pueden y no pueden hacer.
Un clásico comunista: confiscar edificios
Como en cualquier régimen comunista y anticlerical, el Estado se dedica a confiscar edificios y propiedades de la Iglesia, desde casas parroquiales hasta centros de retiro.
Recientemente, el Gobierno prohibió a los medios católicos publicar una carta del nuevo Papa León XIV. En cambio, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, usa los medios de comunicación estatales para generar hostilidad contra la Iglesia.
El sacerdote exiliado Nils de Jesús Hernández ha escrito un prólogo para esta séptima edición del informe: habla de un gobierno de «terroristas» que persigue a su propio pueblo «sin temor a Dios».
Martha Molina acompaña su informe de verificaciones rigurosas de los abusos que denuncia, por parte de asociaciones de derechos humanos o testigos.
Esta séptima edición dedica cuatro capítulos a marcar los métodos y el costo humano de la represión. Los líderes católicos y eclesiales han sido expulsados, encarcelados o forzados a un silencio temeroso.
Lea el informe «Nicaragua: Una Iglesia Perseguida» en la web https://iglesiaperseguidani.com .
Jesús M.C., ReL
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